Cualquier profesionista que preste servicios relacionados con la compraventa de inmuebles y otras actividades catalogadas como vulnerables a operaciones con recursos de procedencia ilícita, deben de cumplir con obligaciones establecidas en la Ley.

Estas actividades vienen descritas en el Artículo 17 Fracción XI de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Las actividades vulnerables en cuestión son: la compraventa o arrendamiento de inmuebles, tarjetas de prepago, créditos, prestación de servicios (incluyendo outsourcing).

Si es el caso, deben de presentar un expediente de identificación (Know Your Customer) de los clientes y su beneficiario final, según lo estipula el Artículo 18 de la misma Ley en cuestión.

Y para aquellos supuestos donde el valor de las actividades vulnerables supere los límites establecidos en la Ley, se tiene que presentar un aviso a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se haya realizado la operación.

En caso de incumplimiento, por ejemplo, que se presenten los avisos de forma extemporánea (a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha correcta), o que omitan presentar los avisos; las sanciones podrían resultar muy onerosas para las empresas, siendo sujeto a multas o UMAS según sea el caso.

Nuestra recomendación es cumplir con estas obligaciones implementando un programa de ‘Compliance de Prevención de Lavado de Dinero’, para gestionar los riesgos que dichas actividades presuponen.

Un programa de Compliance permite a las empresas o profesionistas identificar y gestionar los riesgos operativos y legales que pueden representar sus actividades, por lo cual dentro de dicho programa se debe de establecer lo siguiente:

1.    Mecanismos de prevención (Reglamentos internos, Manuales de organización, etcétera
2.    Control de daños (Canales de denuncia interna)
3.    Procedimientos con los cuales se hará frente a los mismos

El avance en los contagios de coronavirus en México ha causado que algunas empresas suspendan labores en oficinas y centros de trabajo, y aunque algunas operaciones se adaptan al home office, otras no. Es allí cuando los jefes se preguntan si los sueldos se pagan completos.​

Y para responder hay dos escenarios. En el primero, si la decisión de suspender las actividades laborales la toma el gobierno, la ley dice que los empleadores están obligados a pagar un salario mínimo por día, por cada día que dure la suspensión.

En el segundo escenario, si la decisión de suspender labores viene de la empresa, los jefes tienen que pagar los salarios completos.

¿Y cómo decide el gobierno suspender las actividades de las empresas? Cuando declaran una contingencia sanitaria. Eso viene definido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El inciso VII del artículo 427 de la LFT dice que es causa de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento: si la autoridad sanitaria competente declara contingencia sanitaria.

Y para estos casos, el artículo 429 en el inciso IV especifica la siguiente norma:
“el patrón no requerirá aprobación o autorización del Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes…”

Esto quiere decir que cuando los autoridades declaren la contingencia sanitaria, el empleador tendrá que apegarse a la ley y suspender labores como medida de salud pública.

Respecto a los salarios, en este caso únicamente pagará una indemnización equivalente a un día de salario mínimo vigente, que es de $123.22 pesos en todo el país, y $185.56 pesos en la frontera norte.

Cuando termine la contigencia sanitaria los trabajadores deberán regresar a sus labores, si en cambio las empresas toman las medidas como una decisión estratégica, por ley tendrá que continuar pagando los salarios completos a sus trabajadores, o bien declar paro técnico.
·      Paro técnico: de manera estudiada y consensuada con los empleados, decretar un paro técnico para proteger la empresa. Y operar la empresa a nivel mínimo, en su caso estableciendo guardias por turno, y solo cumplir la nómina ordinaria de aquellos que SI se presentan a trabajar (por guardia). La clave de esto es lograr, por escrito, el consentimiento de TODOS los empleados de la empresa en ese sentido. Si hubiera vida sindical activa al interior de la empresa, entonces el consenso se debe de lograr con el sindicato.