 Por Lic. Adrián Aminadab Román y Román. El Congreso de la Ciudad de México está buscando incentivar el “Home Office” con un descuento hasta del 40% en el Impuesto Sobre Nóminas. El objetivo, desde luego, es tendiente a traer beneficios en materia de movilidad, salud, medio ambiente y trabajo; así como buscar ahorros al trabajador. No obstante, desde el punto de vista legal, esta medida, aunque de principio es buena, trae consigo una serie de dudas en su aplicación; esto porque la Ley Federal del Trabajo no regula dicha modalidad de trabajo a distancia, lo que ha venido traduciéndose en una falta de control en el tema de asistencias, que trae como consecuencia la falta de acreditamiento o probatoria en caso de una contienda. El rumbo es ideal, existen más beneficios que perjuicios, hará falta el impulso en el Congreso Federal para adaptar la LFT a tiempos modernos y a modalidades igualmente modernas. De ese modo, la medida podría adaptarse no solo a la Ciudad de México, sino al resto del país, que en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla se volvería igualmente práctico. 
Lic. Adrián Aminadab Román y Román.
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 Las consecuencias de no exhibir en tiempo y forma la declaración anual, son severas e implican un menoscabo en el patrimonio, ya que en el momento de ser descubierta la omisión se pagará la contribución con actualizaciones y recargos.
Para el caso concreto de los Importadores, ellos deben estar inscritos en el Padrón de Importadores y una sanción adicional es quedar impedido para realizar esta actividad, además de las multas correspondientes, Hacienda puede suspenderlo de dicho Padrón, y para entrar de nuevo tendrá que presentar su declaración, pagar los recargos y actualizaciones correspondientes y solicitar su reincorporación a éste. Si esto ocurre aproximadamente tendría que esperar alrededor de dos meses para poder estar dado de alta de nuevo en el Padrón y continuar importando. En este periodo de tiempo que quedan suspendidos es notificado, posteriormente hay un plazo para presentar pruebas y desvirtuar la irregularidad, luego de esto la autoridad tiene un plazo de 30 días para valorar y decidir si lo dan de alta o no. Otra consecuencia por incumplimiento de las obligaciones fiscales, es que tengan dificultades para la obtención de futuros créditos ya que el incumplimiento es registrado en el historial crediticio de la persona o empresa, y una mayor consecuencia si se hace caso omiso a los tres requerimientos que haga la autoridad fiscal es que Hacienda le puede determinar un crédito fiscal, asimismo el incumplimiento de ésta obligación le otorga el derecho al SAT de solicitar información de la empresa o persona para fiscalización de hasta 10 años. Por lo que la mejor opción es sin duda cumplir con la obligación y presentar en tiempo y forma la declaración fiscal. ¿Cómo declarar el ISR?3/15/2019  De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como en los demás ordenamientos aplicables a las obligaciones fiscales, las personas morales deberán calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%.
El impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal, es decir, que el término para declarar lo relativo al ejercicio del 2018, vence el próximo 1º de abril del 2019. El cálculo del impuesto sobre la renta (ISR) es obligación del contribuyente, por lo que es recomendable asesorarte con un experto en la materia antes de rendir tu declaración ante el SAT.  Los contribuyentes que cuenten con buen historial tributario pueden pedir la reducción de multas y recargos fiscales, de acuerdo con el artículo 70-A del Código Fiscal de la Federación, de los cuales se tienen que cumplir los siguientes requisitos: I.- Haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las disposiciones fiscales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales. II. - Que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios superiores al 10%, respecto de las que hubiera declarado o que se hubieran declarado pérdidas fiscales mayores en un 10% a las realmente sufridas, en caso de que las autoridades hubieran ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los tres últimos ejercicios fiscales. III. -No haber incurrido en alguna de las agravantes a que se refiere el artículo 75 de este Código al momento en que las autoridades fiscales impongan la multa. IV. - No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condenado por delitos fiscales. V.- No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Cabe destacar que solo se procederá a la reducción de multas firmes o que sean consentidas por el infractor y siempre que el acto administrativo no sea materia de impugnación. 
Alexis Maximiliano Román y Román  El principio “Rebus sic stantibus” es un término jurídico latino reconocido en la práctica del Derecho en distintas partes del mundo. Esta frase se utiliza como excepción al principio pacta sunt servanda, que se traduce como ‘estando así las cosas’ o ‘manteniéndose en ese estado’. Su uso implica que los términos y condiciones de los contratos, pueden modificarse ante alteraciones sustanciales, extraordinarias y ajenas a las partes, de las circunstancias que se derivaron en el momento de su celebración, de manera que se genere más gravoso el cumplimiento de la obligación por el desequilibrio entre las contraprestaciones. Existen teorías contradictorias en cuanto la aplicación de este principio, puesto que contraviene la ejecución del precepto legal pacta sunt servanda, el cual establece que todo lo estipulado entre las partes, en cualquier forma que se haya pactado, deberá ser ejecutado, por lo que resulta un poco injustificable la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus. Sin embargo, a través de los años este principio ha tenido injerencia en distintas ocasiones para lograr un balance justo y equitativo; por ejemplo, el 24 de septiembre de 1943 se prorrogaron contratos de arrendamiento para casa habitación por el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial. 
Lic. Daniela Olmos Sociedades mercantiles en México2/21/2019  La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 1º. reconoce siete tipos de sociedades, que son la Sociedad Anónima (S.A.) Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad en Comandita Simple (S.C.S), Sociedad en Comandita por Acciones (S. EN C.) y por un decreto publicado el 14 de marzo de 2016 se agregó oficialmente la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S). La más reciente integración de la Sociedad por Acciones Simplificada, por definición, es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones. Una de sus ventajas es que se puede constituir por un solo socio, además, a diferencia de las demás sociedades, esta se puede constituir por medio electrónico y su función consiste en promover la creación de micro y medianas empresas, debido a que los ingresos anuales no deben pasar los 5,000.000 (cinco millones 00/100 m.n.) de pesos lo que refleja que su enfoque va dirigido a negocios que recién van empezando. 
Lic. Alexis Maximiliano Román Y Román  Hablamos de aquellas sociedades mexicanas que tienen accionistas extranjeros, el Artículo 773 del Código Civil Federal, señala que los extranjeros y personas morales que pretendan adquirir la propiedad de bienes inmuebles, deberán observar lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias, como es el caso de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) Artículo 2, que califica a las sociedades mexicanas en dos, aquellas: 1.- CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJERO: Estas sociedades pueden adquirir inmuebles libremente en todo el territorio nacional sin necesidad de permiso alguno. 2.- SIN CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS: Estas sociedades admiten como socios a extranjeros y de acuerdo con el artículo 14 del reglamento de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) deberán firmar un convenio denominado CLÁUSULA CALVO dentro de sus estatutos sociales, en el cual sus socios extranjeros se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de: a). Acciones, partes sociales o derechos que adquieran dichas sociedades. b). Bienes, derechos, concesiones, participantes o intereses que sean titulares las sociedades. c). Derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades. La cláusula o convenio deberá incluir la renuncia a solicitar la protección de sus gobiernos extranjeros, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nación Mexicana, los derechos y bienes que hubiese adquirido. Estas sociedades pueden adquirir todo tipo de inmuebles en el territorio nacional, salvo los destinados a actividades residenciales y que se encuentren ubicados en zona restringida, o podrán ser adquiridos siempre y cuando den aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 60 días hábiles siguientes en que realicen la adquisición de acuerdo al Artículo 10, fracción I de Ley de Inversión Extranjera (LIE). 
Lic.Perla Román ¿Qué es el Dumping?2/14/2019  Se considera “dumping” a la mala práctica o mejor conocido como la práctica desleal, utilizado por las empresas dentro del comercio internacional, el cual consiste en exportar un producto, introduciéndolo en el mercado de otro país a un precio inferior al de su valor de venta en el país de origen, afectando directamente la rama de producción nacional.
La Organización Mundial de Comercio, mediante su “Acuerdo Antidumping”, autoriza a los gobiernos a adoptar medidas contra esta mala práctica, ya que en muchos casos esto se hace con el fin de eliminar a las empresas competidoras del mercado. Así mismo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), del que México forma parte, establece derechos antidumping y derechos compensatorios, a fin de contrarrestar o impedir la práctica desleal en las que puedan incurrir las empresas de los países afiliados.  En cumplimiento al artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), el pasado 10 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech).
Este instrumento jurídico contiene todas las disposiciones aplicables a este tipo de empresas, sistematizando su integración y homologando la terminología con la finalidad de brindar certeza jurídica en el desarrollo de sus operaciones. A continuación te mostramos las disposiciones presentadas en el DOF:
Estas disposiciones entrarán en vigor el día 25 de septiembre de 2018, excepto:
Además, tener la información financiera de manera oportuna, transparente, confiable y comparable, aunado a la supervisión que realizará la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es sumamente relevante.  La contratación de personal significa una decisión importante para todas las empresas, implica una serie de consideraciones con respecto de los recursos que destinará el empleador, como son las obligaciones fiscales y de seguridad social que se pagan al gobierno.
Una de las formas más efectivas para minimizar este tipo de riesgos es la contratación de personal a través del modelo de prestación de servicios profesionales. Este esquema permite establecer una relación legal entre el empleador y el empleado, pero sin generar ningún tipo de obligaciones fiscales o de seguridad social para el empleador, por lo que se convierte en una decisión en la que el beneficio de contratar a la persona en cuestión es incontrovertiblemente mayor al costo que éste puede significar. No sólo es más conveniente para el empleador, sino para el empleado también. Al ser mayor el beneficio de su contratación, el contratado puede también valerse de este esquema como una ventaja competitiva sobre otros candidatos y así asegurar su puesto en un proceso de selección determinado. Para asegurar infaliblemente la efectividad de este esquema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha proscrito que es importante tomar en cuenta una serie de consideraciones al momento de elaborar el contrato individual de prestación de servicios profesionales. La más importante de ellas es que se establezca que en ningún momento el prestador de los servicios se encontrará en una posición de subordinación con respecto del empleador. Entre otros elementos, que es importante evitar determinar en la elaboración de un contrato de esta naturaleza encontramos: el horario, condiciones de descanso del séptimo día, vacaciones, etcétera. Para más información con respecto de éste y otros temas legales, puedes contactar a la firma VillarrealMC y Román Abogados, S.C. |
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