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Sociedades mercantiles en México

2/21/2019

La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 1º. reconoce siete tipos de sociedades, que son la Sociedad Anónima (S.A.) Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.), Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad en Comandita Simple (S.C.S), Sociedad en Comandita por Acciones (S. EN C.) y por un decreto publicado el 14 de marzo de 2016 se agregó oficialmente la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S).

La más reciente integración de la Sociedad por Acciones Simplificada, por definición, es aquella que se constituye con una o más personas físicas que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones.

Una de sus ventajas es que se puede constituir por un solo socio, además, a diferencia de las demás sociedades, esta se puede constituir por medio electrónico y su función consiste en promover la creación de micro y medianas empresas, debido a que los ingresos anuales no deben pasar los 5,000.000 (cinco millones 00/100 m.n.) de pesos lo que refleja que su enfoque va dirigido a negocios que recién van empezando.

Lic. Alexis Maximiliano Román Y Román

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SOCIEDADES MEXICANAS QUE ESTÁN LIMITADAS PARA ADQUIRIR INMUEBLES

2/18/2019

Hablamos de aquellas sociedades mexicanas que tienen accionistas extranjeros, el Artículo 773 del Código Civil Federal, señala que los extranjeros y personas morales que pretendan adquirir la propiedad de bienes inmuebles, deberán observar lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias, como es el caso de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) Artículo 2, que califica a las sociedades mexicanas en dos, aquellas:

1.- CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJERO:
Estas sociedades pueden adquirir inmuebles libremente en todo el territorio nacional sin necesidad de permiso alguno.

2.- SIN CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS:
Estas sociedades admiten como socios a extranjeros y de acuerdo con el artículo 14 del reglamento de la Ley de Inversión Extranjera (LIE) deberán firmar un convenio denominado CLÁUSULA CALVO dentro de sus estatutos sociales, en el cual sus socios extranjeros se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de:
a). Acciones, partes sociales o derechos que adquieran dichas sociedades.
b). Bienes, derechos, concesiones, participantes o intereses que sean titulares las sociedades.
c). Derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades.

La cláusula o convenio deberá incluir la renuncia a solicitar la protección de sus gobiernos extranjeros, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nación Mexicana, los derechos y bienes que hubiese adquirido. Estas sociedades pueden adquirir todo tipo de inmuebles en el territorio nacional, salvo los destinados a actividades residenciales y que se encuentren ubicados en zona restringida, o podrán ser adquiridos siempre y cuando den aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 60 días hábiles siguientes en que realicen la adquisición de acuerdo al Artículo 10, fracción I de Ley de Inversión Extranjera (LIE).

Lic.Perla Román

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¿Qué es el Dumping?

2/14/2019

Se considera “dumping” a la mala práctica o mejor conocido como la práctica desleal, utilizado por las empresas dentro del comercio internacional, el cual consiste en exportar un producto, introduciéndolo en el mercado de otro país a un precio inferior al de su valor de venta en el país de origen, afectando directamente la rama de producción nacional.

La Organización Mundial de Comercio, mediante su “Acuerdo Antidumping”, autoriza a los gobiernos a adoptar medidas contra esta mala práctica, ya que en muchos casos esto se hace con el fin de eliminar a las empresas competidoras del mercado.

Así mismo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), del que México forma parte, establece derechos antidumping y derechos compensatorios, a fin de contrarrestar o impedir la práctica desleal en las que puedan incurrir las empresas de los países afiliados.

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PRESENTAN NUEVAS DISPOSICIONES INTERNAS PARA FINTECH

9/18/2018

En cumplimiento al artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), el pasado 10 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera (Fintech).

Este instrumento jurídico contiene todas las disposiciones aplicables a este tipo de empresas, sistematizando su integración y homologando la terminología con la finalidad de brindar certeza jurídica en el desarrollo de sus operaciones.

A continuación te mostramos las disposiciones presentadas en el DOF:

Definiciones adicionales a las previstas en Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech); tales como compromisos de inversión, contingencia operativa, financiamiento colectivo de capital, de copropiedad o regalías, de deuda de préstamos empresariales entre personas, inversionista experimentado, fondo de capital privado, inversionista relacionado, plataforma, plazo de solicitud de financiamiento colectivo, plan de continuidad de negocio, reporte de información crediticia, y Unidades de Inversión – UDI’s – (art. 2).
Las solicitudes de autorización para organizarse y operar como fintech deberán incluir mayor información como (art. 3):
- Plan de negocios.
- Cargos del posible administrador único o miembros del consejo de administración.
- Estudio de viabilidad financiera.
- Denominación propuesta.
- Proyectos de manuales de operación, control interno y administración de riesgos.
- Certificación vigente del oficial de cumplimiento, por CNBV.
Suscribir el capital social de la que pretenda operar como fintech (art. 4).
Se fija el capital mínimo con el que deberán contar, equivalente en moneda nacional a 500,000 UDI’s y para las instituciones de financiamiento colectivo serán el equivalente en moneda nacional a 700,000 UDI’s (art. 6).
Las instituciones de fondos de pago electrónico deberán solicitar autorización a la CNBV para recibir o entregar recursos en efectivo en moneda nacional, siempre y cuando los montos no excedan del equivalente en moneda nacional a 10,000 UDI’s mensuales por cliente y para entrega de recursos en efectivo hasta por 1,500 UDI’s diarias por cliente (art. 9).

Las fintech deberán solicitar autorización a la CNBV para enviar o recibir transferencias de recursos en moneda nacional o extranjera (art. 10) para:
- Cuentas o contratos clasificados de bajo riesgos: monto equivalente en moneda nacional a 1,700 UDI’s mensuales por cliente, y
- Cuentas o contratos distintos: sin límite de monto.
Ajustarse a los criterios de contabilidad para cada tipo de institución (arts. 12 al 15).
Estarán sujetas a reglas previstas para la valuación de valores y demás instrumentos financieros, así como activos virtuales que formen parte de su estado de situación financiera (art. 16).
Solo podrán tener un proveedor de precios y si son varias entidades integrantes de un mismo grupo tendrá que ser el mismo para todas (art. 20).
Deberán tener modelos de valuación internos cuando elaboren sus estados financieros y contengan información sobre valores y demás instrumentos financieros, así como activos virtuales (art. 23).
Para la actualización de los precios para valuación de valores se deberá solicitar el reconocimiento ante la CNBV (art. 27).
Realizar estados financieros básicos en miles de pesos y con las especificaciones para cada tipo de institución señaladas en las disposiciones (art. 30).
Difundir sus estados financieros básicos consolidados a través de su página de Internet (art. 36).
Las instituciones de financiamiento colectivo deberán:
- Obtener de los inversionistas una constancia electrónica en la que se manifieste que conoce los riesgos de su inversión (art. 43).
- Podrán publicar en sus plataformas las solicitudes de financiamiento siempre que no excedan los montos establecidos para cada supuesto (art. 47).
- Definir en sus plataformas controles que impidan que un mismo inversionista lleve a cabo compromisos de inversión que superen los porcentajes señalados (art. 49).
- Cuando celebren mandatos o comisiones con sus clientes para actividades relacionadas con las operaciones se sujetarán a los términos establecidos (art. 52).
- Contar con un plan de continuidad de negocio que permita la seguir prestando el servicio (art. 59).
- Podrán considerar a sus clientes como inversionistas experimentados si hubieran realizado operaciones a través de una o más personas que efectúan actividades reguladas por la Ley Fintech (art. Quinto transitorio).
En tanto no sean emitidas las disposiciones para recibir o entregar recursos en efectivo, las fintech deberán presentar a la CNBV en el momento en que solicite la autorización la documentación en la que se especifiquen los esquemas de operación y el proyecto de contrato que utilizarán al efecto (art. Segundo transitorio).

Los diversos anexos se refieren a los formatos de:

Información curricular para personas propuestas para ocupar los cargos de administrador único o en su caso, consejero y director general de una Fintech (anexo 1)
Carta protesta para personas propuestas para ocupar los cargos de administrador único o, en su caso, consejero y director general de una Fintech (anexo 2).
Información para personas o fondos de capital privado que tengan intención de participar en el capital social de una Fintech, o que pretendan recibir en garantía acciones del capital social de una de estas (anexo 3).
Carta protesta para personas o fondos de capital privado que tengan intención de participar en el capital social de una Fintech o que pretendan recibir en garantía acciones del capital social de una de aquellas (anexo 4).
Carta protesta para administradores de fondos de capital privado (anexo 5).
Criterios de contabilidad para instituciones de financiamiento colectivo (anexo 6).
Criterios de contabilidad para instituciones de fondos de pago electrónico (anexo 7).
Instructivo para la obtención de las constancias electrónicas de conocimiento de riesgos (anexo 8).
Manifestaciones respecto del cumplimiento de los requisitos para ser considerado como inversionista experimentado (anexo 9).
Requerimientos mínimos para desarrollar el plan de continuidad de negocio (anexo 10).

Estas disposiciones entrarán en vigor el día 25 de septiembre de 2018, excepto:

Los artículos relativos a la contabilidad, la valuación de valores y demás instrumentos financieros, así como activos virtuales, la información financiera y su revelación entrarán en vigor el 1o. de enero de 2020 (art. TERCERO transitorio).
Las personas que realicen actividades reguladas por la Ley Fintech tendrán un plazo de seis meses contados a partir de la obtención de su autorización para actuar como institución de financiamiento colectivo, para modificar los mandatos o comisiones que hayan celebrado con sus clientes con anterioridad a la obtención de dicha autorización, a fin de ajustarlos a las presentes disposiciones (art. Sexto transitorio).
Las personas que realicen actividades reguladas por la Ley Fintech contarán con un plazo de 12 meses, contado a partir de que obtengan la autorización para actuar como institución de financiamiento colectivo, para cumplir con la obligación de obtener, durante el procedimiento de contratación, las grabaciones de voz de los posibles inversionistas conforme a lo señalado en el anexo 8 de estas disposiciones (art. Séptimo transitorio).

La importancia de contar con una regulación oportuna para las instituciones de tecnología financiera radica en el tipo de operaciones a las que se dedican y los riesgos que éstas implican.

Además, tener la información financiera de manera oportuna, transparente, confiable y comparable, aunado a la supervisión que realizará la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es sumamente relevante.

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¿EN QUÉ CONSISTE EL ESQUEMA LABORAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES?

9/14/2018

La contratación de personal significa una decisión importante para todas las empresas, implica una serie de consideraciones con respecto de los recursos que destinará el empleador, como son las obligaciones fiscales y de seguridad social que se pagan al gobierno.

Una de las formas más efectivas para minimizar este tipo de riesgos es la contratación de personal a través del modelo de prestación de servicios profesionales.

Este esquema permite establecer una relación legal entre el empleador y el empleado, pero sin generar ningún tipo de obligaciones fiscales o de seguridad social para el empleador, por lo que se convierte en una decisión en la que el beneficio de contratar a la persona en cuestión es incontrovertiblemente mayor al costo que éste puede significar.

No sólo es más conveniente para el empleador, sino para el empleado también. Al ser mayor el beneficio de su contratación, el contratado puede también valerse de este esquema como una ventaja competitiva sobre otros candidatos y así asegurar su puesto en un proceso de selección determinado.

Para asegurar infaliblemente la efectividad de este esquema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha proscrito que es importante tomar en cuenta una serie de consideraciones al momento de elaborar el contrato individual de prestación de servicios profesionales.

La más importante de ellas es que se establezca que en ningún momento el prestador de los servicios se encontrará en una posición de subordinación con respecto del empleador.

Entre otros elementos, que es importante evitar determinar en la elaboración de un contrato de esta naturaleza encontramos: el horario, condiciones de descanso del séptimo día, vacaciones, etcétera.

Para más información con respecto de éste y otros temas legales, puedes contactar a la firma VillarrealMC y Román Abogados, S.C.

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¿Quiénes deben cumplir con los reportes de la COA?

9/6/2018

La Cédula de Operación Anual (COA), es el reporte que las empresas estarán obligadas a cumplir según lo establecido mediante su Licencia de Funcionamiento o alguna otra autorización según sea el caso.

Los establecimientos que principalmente están obligados a emitir sus reportes por medio de la COA, son las siguientes:

-Los que generen emisiones a la atmósfera.

-Generadores de residuos.

-Prestadores de servicio en manejo de residuos.

-Los que realicen descargas de aguas residuales a cuerpos receptores de aguas nacionales.

-Los que generen 25 mil toneladas o más de Bióxido de Carbono Equivalente (tCO2 e) de emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI) de los sectores productivos establecidos en las disposiciones correspondientes.

La Cédula de Operación Anual deberá seguir los lineamientos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, así como los formatos, guías y otras disposiciones aplicables.

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